Se fugó tras la domiciliaria y cayó en horas: escándalo judicial y drama social en Victoria
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Ramón “Moncho” Piedrabuena escapó del arresto domiciliario y fue recapturado en Santa Fe. La causa expone una compleja trama de fraude, manipulación y una víctima que quedó en la calle.
La fuga de Ramón Alberto Piedrabuena, alias “Moncho”, volvió a sacudir a la ciudad de Victoria. El hombre, de 42 años, imputado por múltiples estafas, amenazas y otros delitos, violó el arresto domiciliario apenas 24 horas después de haber sido beneficiado con esa medida judicial.
Según informaron fuentes policiales, la evasión fue detectada alrededor de las 6 de la mañana, lo que activó un operativo cerrojo en la ciudad y en rutas de la región. A partir de tareas de inteligencia y el intercambio de información con la Policía de Investigaciones de Santa Fe, el prófugo fue localizado en la ciudad de Casilda, donde finalmente fue detenido nuevamente.
El acusado ya había sido capturado días antes en esa misma localidad santafesina, tras permanecer oculto durante meses. Sin embargo, la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria generó cuestionamientos en la comunidad, que ahora observa con preocupación la reiteración de su fuga.
En el marco de la causa, la Fiscalía dispuso además el secuestro de una camioneta Ford Ranger que había sido presentada como caución para acceder al beneficio de la domiciliaria.
Detrás del caso emerge una trama más compleja. Piedrabuena está acusado de maniobras fraudulentas de gran magnitud, entre ellas el engaño a una mujer a quien habría despojado de bienes valuados en millones de dólares mediante manipulación psicológica y promesas engañosas.
Ese entramado derivó en una situación extrema: una mujer mayor de 70 años fue desalojada de su vivienda en las últimas horas, luego de una serie de operaciones inmobiliarias cuestionadas judicialmente. Sus abogados sostienen que las ventas se realizaron bajo engaño y en condiciones desventajosas, y que existen recursos legales en curso para revertir la situación.
Mientras se aguarda el traslado del imputado a Entre Ríos y su eventual ingreso al sistema penitenciario, el caso no solo expone fallas en el control de medidas judiciales, sino también el impacto social de estafas que dejan a las víctimas en situación de vulnerabilidad extrema.
Autor: Gerardo Gómez
