Investigan pagos a Manuel Adorni antes de asumir en el Gobierno
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La situación judicial del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos elementos tras conocerse una serie de transferencias que recibió antes de asumir su cargo en el Gobierno. Los pagos provendrían de una productora vinculada a su entorno cercano y forman parte de una investigación en curso.
Según consta en el expediente que lleva adelante el juez Ariel Lijo, Adorni habría percibido alrededor de 1,6 millones de pesos entre fines de 2022 y durante 2023 por parte de Imhouse, la productora de su amigo y colega Marcelo Grandio. Estos movimientos se interrumpieron cuando el funcionario se incorporó a la gestión nacional en diciembre de ese año.
De acuerdo a fuentes judiciales, uno de los pagos más significativos superó los 600 mil pesos, siendo el monto individual más alto registrado en la causa. Estos ingresos son analizados en el marco de una investigación por presuntas dádivas.
El vínculo entre Adorni y la productora no solo se limita a esas transferencias. La firma de Grandio también habría concretado contratos con la televisión estatal durante la actual administración, lo que refuerza el foco de la investigación sobre posibles conflictos de interés.
Otro de los puntos que generó atención es el financiamiento de un viaje familiar a Punta del Este. Parte de esos traslados en vuelos privados habrían sido cubiertos por la productora. Esta información fue confirmada ante la Justicia por el broker aeronáutico Agustín Issin, quien detalló que el vuelo de ida fue abonado por la empresa de Grandio, mientras que el regreso fue gestionado a través de su compañía y luego refacturado.
La causa se originó a partir de dudas sobre otro viaje oficial de Adorni a Nueva York, en el que estuvo acompañado por su esposa. A partir de allí, se comenzaron a revisar distintos movimientos financieros y vínculos previos a su ingreso a la función pública.
En paralelo, el funcionario también es investigado en otra causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente se analiza la compra de propiedades durante su paso por el Estado.
Ambas investigaciones avanzan de manera independiente, aunque están relacionadas por el análisis del patrimonio y los ingresos del actual jefe de Gabinete. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades o si los movimientos se encuadran dentro de la legalidad.
Autor:Lali Be
