La Pampa judicializó la reforma de la Ley de Glaciares: presentó un amparo para frenar su aplicación
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El gobierno de La Pampa formalizó una acción de amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para frenar la aplicación de la reciente reforma a la Ley de Glaciares N° 26.639, sancionada por el Congreso de la Nación.
La presentación fue impulsada de manera conjunta con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El planteo judicial, patrocinado por la fiscala de Estado Romina Schmidt y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, incluye además una medida cautelar para suspender la vigencia de la norma hasta que se resuelva su constitucionalidad.
“Habrá menos agua”, la advertencia de Ziliotto
El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio y cuestionó con dureza la reforma. Sostuvo que la nueva ley “lesiona derechos ambientales colectivos” y vulnera principios establecidos en la Constitución Nacional y en acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
“Esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia. Nos va a quitar derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, afirmó, al tiempo que advirtió que su impacto será directo en el acceso al recurso hídrico.
Ziliotto remarcó que, aunque la provincia no tiene glaciares, depende de ríos de origen glacial como el río Colorado, clave para el abastecimiento de agua potable de gran parte de la población.
El eje de la demanda: ambiente, agua y no regresión
Desde la Fiscalía de Estado, Romina Schmidt explicó que la acción judicial busca declarar la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta” de la norma.
Según argumentó, la reforma viola el principio de no regresión ambiental —que impide reducir niveles de protección ya alcanzados— y podría generar consecuencias concretas para la provincia.
“El daño no es abstracto: si disminuye la calidad y cantidad de agua del río Colorado, lo van a sufrir todos los habitantes”, advirtió.
Además, se cuestionó el proceso de debate previo a la sanción de la ley, al considerar que las audiencias públicas no cumplieron con los estándares del Acuerdo de Escazú en materia de participación ciudadana.
Un reclamo transversal
El planteo también contó con respaldo político e institucional. El diputado provincial Hernán Pérez Araujo calificó la sanción como “un día triste” y llamó a dejar de lado diferencias partidarias para defender los recursos naturales.
En la misma línea, se destacó que la defensa del agua en La Pampa es una causa histórica que atraviesa a distintos sectores sociales y políticos, especialmente en relación con los conflictos por los ríos interprovinciales.
Qué se pide a la Justicia
En la presentación, los demandantes solicitaron: la suspensión inmediata de la aplicación de la ley (medida cautelar), el mantenimiento del régimen anterior de protección de glaciares y la declaración de inconstitucionalidad e invalidez de la reforma. También se pidió que el Estado nacional se abstenga de implementar cualquier medida basada en la norma cuestionada.
Impacto nacional
La decisión del gobierno pampeano tuvo amplia repercusión en medios de todo el país y posicionó a la provincia en el centro del debate ambiental. El conflicto abre ahora un nuevo capítulo judicial que podría tener alcance nacional sobre la regulación de recursos estratégicos como el agua.
