El Gobierno habilita el bloqueo selectivo de celulares en cárceles federales para frenar delitos
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El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de seguridad al autorizar el bloqueo selectivo de celulares en las cárceles federales, una herramienta que busca impedir la planificación de delitos desde el interior de los penales.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, publicada en el Boletín Oficial, que habilita la instalación de sistemas tecnológicos para detectar y anular comunicaciones móviles en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
El objetivo central de la medida es combatir las redes delictivas que operan desde las cárceles, muchas veces vinculadas a estafas telefónicas y otras maniobras ilícitas organizadas a distancia.
Tecnología para bloquear sin afectar a terceros
A diferencia de los inhibidores tradicionales, el nuevo sistema permitirá identificar de manera individual cada dispositivo activo dentro de las unidades penitenciarias mediante sus códigos IMEI e IMSI, para luego bloquearlos de forma selectiva.
Esto representa un avance clave, ya que evita interferencias en la señal de telefonía móvil en zonas cercanas a los penales, una de las principales críticas a los métodos utilizados anteriormente.
La resolución subraya la necesidad de “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios utilicen dispositivos móviles para planificar y coordinar delitos”.
Un problema creciente dentro de las cárceles
El Gobierno fundamentó la medida en la creciente utilización de celulares por parte de internos para cometer delitos, especialmente estafas bajo modalidades como engaños telefónicos.
En ese contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó en redes sociales: “En manos de un preso, un celular es un arma”.
Un protocolo técnico para su implementación
La normativa incluye la aprobación del “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que establece los parámetros técnicos para la identificación y anulación de los dispositivos.
El plan se enmarca en la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de la libertad, aunque garantiza otros medios de comunicación con el exterior.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que las áreas técnicas serán responsables de la adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos, así como del monitoreo permanente para asegurar que el bloqueo se limite exclusivamente al interior de las unidades carcelarias.
Con esta medida, el Gobierno busca dar un paso más en el control del delito organizado desde las cárceles, uno de los desafíos más complejos del sistema penitenciario actual.
