En medio de una reestructuración dentro del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei resolvió nombrar a Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación. La decisión se enmarca en los cambios impulsados tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

Amerio, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Justicia, asumirá la conducción del organismo encargado de coordinar el equipo de abogados que asesora al Presidente y representa legalmente al Estado en los principales litigios judiciales.

La designación se definió luego de una reunión que el mandatario mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor Santiago Caputo. Tras ese encuentro, Milei le ofreció a Amerio el cargo estratégico que hasta el momento ocupaba Santiago Castro Videla, quien dejará la función.

El nuevo procurador es considerado uno de los funcionarios cercanos al círculo de confianza del oficialismo y tendrá entre sus principales desafíos la conducción de la causa vinculada con la expropiación de YPF, uno de los temas judiciales más sensibles para el Estado argentino.

Los cambios en el área judicial comenzaron luego de la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y la posterior designación de Mahiques al frente de esa cartera. Con este nuevo esquema, el Gobierno busca reorganizar distintos organismos vinculados al sistema jurídico y administrativo.

En paralelo, Amerio dejó su cargo como secretario de Justicia, puesto que ahora será ocupado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La reestructuración también alcanzará a otras dependencias que dependen del Ministerio de Justicia. Entre ellas se encuentran el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes, la Unidad de Información Financiera y la Inspección General de Justicia.

En el caso de la IGJ, la expectativa está puesta en la futura designación de veedores dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, una medida que se analiza en medio de tensiones entre autoridades nacionales y la conducción de la entidad deportiva.

Con estos movimientos, el Gobierno busca redefinir el funcionamiento de áreas clave del sistema institucional y fortalecer el equipo legal que deberá afrontar los principales litigios que involucran al Estado.