Las clínicas y sanatorios privados de La Pampa y otras provincias patagónicas iniciaron este martes un corte progresivo de prestaciones a afiliados del Pami, en reclamo por atrasos en los pagos y falta de actualización de los aranceles que perciben por las prácticas médicas.

En el caso de los centros de salud pampeanos, los prestadores estiman que la obra social nacional mantiene una deuda cercana a los 800 millones de pesos. No obstante, aclararon que se garantizan las guardias, las urgencias y las cirugías o tratamientos complejos, mientras que quedaron suspendidos consultorios, cirugías programadas y otras prestaciones ambulatorias que pueden reprogramarse.

La medida había sido advertida la semana pasada, cuando clínicas, sanatorios y hospitales privados de distintas provincias patagónicas enviaron una nota formal al director ejecutivo del Pami, Esteban Leguizamo. En el documento, señalaron que si no recibían respuestas antes del martes 10, avanzarían con la suspensión de servicios.

En La Pampa, el reclamo fue firmado por la Clínica Argentina y la Clínica Regional, de General Pico, y el Sanatorio Santa Rosa y la Clínica Modelo, de la capital provincial, y se sumaron prestadores de Río Negro, Neuquén y Chubut.

Los centros de salud describieron la situación económica como “sumamente crítica”, y atribuyeron el escenario a una depreciación sostenida de los valores arancelarios y a un marcado atraso en los pagos, una problemática que, según indicaron, se agravó en los últimos dos meses.

Los prestadores también advirtieron que el Pami representa alrededor del 40% de los ingresos totales de estas instituciones, por lo que las demoras impactan de manera directa en la continuidad del servicio y en la estabilidad financiera del sector.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el pago de salarios. Según explicaron, los módulos de Nivel II y III son clave para afrontar las obligaciones laborales, que históricamente se abonan el último día hábil de cada mes. En ese contexto, sostuvieron que el retraso en los pagos implica, en muchos casos, la imposibilidad material de cumplir con los haberes del personal.

Además, señalaron que existe un atraso de al menos un mes en el pago de prestaciones ambulatorias, mientras que los módulos arancelarios perdieron valor real frente a la inflación, profundizando el desequilibrio financiero del sistema.

Finalmente, los prestadores exigieron tres medidas urgentes: la regularización inmediata de la deuda acumulada, una reunión urgente con las autoridades del Pami para acordar soluciones de corto y mediano plazo y la reactivación de una mesa técnica para actualizar los aranceles y garantizar la sustentabilidad del sistema de salud privado.

La situación genera preocupación entre los afiliados del Pami, que dependen de la atención privada en varias localidades de la región, mientras se espera una respuesta oficial del organismo nacional.