El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal y estableció los lineamientos del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. La iniciativa busca promover la formalización de capitales y generar mayor actividad económica mediante cambios en el esquema de control impositivo.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la ley elimina sanciones automáticas y modifica el criterio de presunción sobre los contribuyentes, con el objetivo de permitir que los fondos privados se incorporen al circuito productivo sin las exigencias administrativas previas.

El eje de la normativa es el Régimen Simplificado de Ganancias, a través del cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejará de requerir explicaciones sobre el origen del patrimonio previo o los gastos personales. A partir de ahora, el control fiscal estará orientado principalmente a los ingresos futuros.

Entre los puntos centrales del régimen se destaca que los fondos regularizados podrán destinarse libremente a consumo, inversión o financiamiento. Desde el Ejecutivo describen esta herramienta como un mecanismo permanente de regularización, destinado a movilizar ahorros que permanecían fuera del sistema formal.

La reglamentación también introduce modificaciones en el régimen de delitos tributarios. Se elevaron los montos mínimos a partir de los cuales se configura una infracción penal y se redujeron los plazos de prescripción. Además, la evasión deja de ser un delito penal automático, ya que podrá resolverse mediante el pago de la deuda una vez notificada la irregularidad.

En paralelo, se actualizaron los montos mínimos para el reporte de operaciones financieras. Las entidades bancarias deberán informar a ARCA únicamente los depósitos y transacciones que superen los $10 millones mensuales, o su equivalente en moneda extranjera.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo marco normativo redefine la relación entre el Estado y los contribuyentes y busca generar una mayor inyección de liquidez para impulsar pymes, emprendimientos y la actividad económica en general.

Entre los aspectos destacados de la medida se incluyen la obligación de ingresar los fondos al sistema financiero —con excepción de las operaciones inmobiliarias en efectivo—, la consideración favorable en materia de lavado de activos para quienes adhieran al régimen y la aclaración de que ARCA no evaluará incrementos patrimoniales derivados de ingresos de períodos anteriores.

Asimismo, se establecen beneficios en materia de multas para quienes regularicen declaraciones juradas omitidas dentro de los plazos fijados, con reducciones que pueden alcanzar el 50% según el tipo de contribuyente.