La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras una nueva denuncia presentada por la Coalición Cívica, que acusa a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino de haber participado en un esquema de desvío de fondos por más de 300 millones de dólares mediante empresas offshore y cuentas bancarias en el extranjero.

La presentación fue realizada ante el juez federal Marcelo Aguinsky y solicita la ampliación de una investigación en curso sobre una presunta red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado ingresos de la AFA fuera del sistema bancario argentino. Según el escrito, estas maniobras se justificaban bajo el argumento del “cepo cambiario” y se realizaban a través de mecanismos irregulares que incluían comisiones de hasta el 30% sobre los montos gestionados.

De acuerdo con la denuncia, el circuito financiero investigado habría permitido ocultar y desviar fondos de la entidad madre del fútbol argentino mediante empresas pantalla radicadas en el exterior —incluidos paraísos fiscales— con la supuesta participación o consentimiento de dirigentes de la AFA. En ese marco, se solicita poner especial atención sobre una serie de personas y sociedades vinculadas al esquema.

Entre los nombres mencionados figuran Erica Gillette, administradora de TourProdEnter LLC y vinculada al empresario Javier Faroni; Leandro Petersen, jefe del Área Comercial y de Marketing de la AFA; Andrés Scornik, controlante de Global FC LLC; Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financiero ligado a la entidad; y Melchor Amoedo Merlín, socio español de Odeoma Gestión. También aparecen señaladas varias firmas comerciales, entre ellas Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL, Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Dicetel Corp. y Global FC LLC.

“Todos ellos habrían intervenido, en distintos niveles, en la estructuración y ejecución del circuito financiero investigado”, sostiene la presentación judicial.

Según los denunciantes, la AFA habría utilizado al menos seis empresas intermediarias en el exterior para percibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales y partidos amistosos. Posteriormente, esos fondos habrían sido distribuidos fuera del circuito legal argentino, bajo la conducción de Tapia y con la intervención directa de dirigentes de su entorno, como Leandro Petersen y Pablo Toviggino, además de Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la AFA.

Los firmantes de la denuncia, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, solicitaron que se investiguen posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.

En la causa judicial se detalla que entre 2021 y 2025 la AFA habría canalizado más de US$ 300 millones fuera del sistema financiero formal. El esquema incluía intermediarios internacionales que cobraban comisiones millonarias y operaban a través de sociedades radicadas en jurisdicciones de baja tributación, como Guernsey, Delaware y Florida.

Uno de los focos centrales de la denuncia es el rol del empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni. A través de su empresa TourProdEnter LLC, habría concentrado ingresos por más de US$ 260 millones entre 2022 y 2025. Sin embargo, según la presentación, solo un 5,4% de ese dinero habría ingresado efectivamente a las cuentas de la AFA.

También se señala a Erica Gillette, esposa de Faroni y administradora de la firma, por presuntos giros de al menos US$ 42 millones hacia sociedades consideradas “fantasma” en el estado de Florida. Estas empresas —Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC— carecerían de actividad comercial real y estarían registradas a nombre de personas de bajos recursos en Argentina.

La denuncia indica que esos fondos provenían de ingresos legítimos de la AFA, como publicidad, sponsoreo y encuentros amistosos, y habrían sido desviados mediante este entramado offshore.

El escrito judicial también menciona operaciones que carecerían de sustento comercial. Entre ellas, pagos por más de US$ 4 millones a Dicetel Corp., una supuesta empresa fantasma radicada en Miami, por presuntos “cursos de filosofía de gestión” destinados a la AFA.

Además, se solicita investigar transferencias vinculadas al negocio ecuestre, con giros desde cuentas relacionadas con Faroni hacia empresas dedicadas al transporte y compraventa de caballos asociadas a la familia de Toviggino.

Por último, los denunciantes remarcan que, apenas 48 horas después de que estas maniobras trascendieran públicamente, tres de las sociedades involucradas fueron disueltas de manera repentina en Estados Unidos, lo que consideran un dato relevante para la causa.

Entre las medidas de prueba solicitadas al juez Aguinsky se incluyen el requerimiento del libro de visitas de la AFA desde 2020, información sobre vuelos en aeronaves privadas presuntamente utilizadas por los involucrados y copias certificadas de escrituras de constitución de las sociedades investigadas.