A más de una semana del incendio que provocó la muerte de dos trabajadoras y derivó en un tercer fallecimiento, familiares de las víctimas exigieron respuestas formales a la intendenta Isa Castagnino y cuestionaron su ausencia del país en medio de la crisis.

La ciudad de Victoria continúa atravesada por el dolor tras el incendio ocurrido el 30 de diciembre en un local de venta de comidas que funcionaba sin habilitación. El siniestro provocó la muerte de Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, y de Natalí Ayelén García, de 39, ambas empleadas en condiciones laborales precarias. Días después, la tragedia se profundizó con el suicidio de Fabricio Mansilla, de 23 años, pareja de Agustina, al conocer lo sucedido.

El lunes 5 de enero, las familias de las víctimas presentaron una nota formal ante la Municipalidad de Victoria, dirigida a la intendenta Isa Castagnino. En el escrito sostienen que el hecho “no fue inevitable ni fortuito”, sino consecuencia directa de “graves falencias del Estado municipal”, aludiendo a la falta de controles, prevención y cumplimiento de normas de seguridad.

En ese marco, solicitaron el apartamiento de varios funcionarios municipales vinculados a las áreas de Bromatología, Seguridad, Control Urbano y Seguridad Vial, al considerar que incumplieron su obligación de resguardar la integridad de las personas. “Las áreas bajo su responsabilidad tenían un deber concreto: proteger la vida. Ese deber fue vulnerado”, expresaron.

La causa penal es investigada por el fiscal Iván Yedro, de la Unidad Fiscal de Victoria. Entre los imputados se encuentra el propietario del comercio siniestrado, Ramón Alberto Mansilla, junto a Verónica Bernachea y su hermana, Yocelin Bernachea, quien se desempeñaba como encargada del local.

El abogado querellante, Agustín Greco, aseguró que el lugar “no contaba con ninguna medida de seguridad” y que existían antecedentes de otros incendios en el mismo sitio. “Era una trampa mortal. No solo murieron dos jóvenes, pudieron haber sido muchas más”, afirmó en declaraciones radiales.

Greco también dejó abierta la posibilidad de responsabilidades municipales por acción, omisión o impericia. En ese contexto, cuestionó duramente la ausencia de la intendenta, al señalar que desde el 4 de enero se encuentra en Brasil, pese a que —según denunció— a los familiares se les informó inicialmente que estaba en Paraná por motivos de salud. “Esta situación agrava el dolor de las familias y genera un profundo malestar en la comunidad”, concluyó.