El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025, que fija por primera vez en más de veinte años los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional. El documento, de 34 páginas, coloca en el centro de la política de inteligencia temas como ciberseguridad, Malvinas y el Atlántico Sur, terrorismo internacional, crimen organizado y tecnologías disruptivas. Paralelamente, el Ejecutivo confirmó cambios en la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Según la norma, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se trata de “la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas”. Además, ordena a la SIDE elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional, donde se definirán los cursos de acción concretos para implementar los objetivos generales.

Un diagnóstico crítico: deterioro del sistema y amenazas latentes

El decreto sostiene que el Sistema de Inteligencia Nacional arrastra un “deterioro relevante” de más de treinta años, con fallas estructurales que comprometen la capacidad del Estado frente a riesgos y amenazas. Además, cita los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), “aún no del todo esclarecidos”, y la muerte del fiscal Alberto Nisman, calificada como un hecho “de suma gravedad institucional”.

El documento también cuestiona las intervenciones aplicadas a la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, consideradas parte del retroceso. La AFI fue disuelta en 2024 mediante el Decreto 614 y reemplazada por la actual SIDE, integrada por cuatro organismos desconcentrados:

• Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
• Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
• Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
• División de Asuntos Internos (DAI)

Los intereses estratégicos del Estado

La política de inteligencia define cinco intereses estratégicos:

1. Asegurar la soberanía nacional
2. Proteger la integridad territorial
3. Resguardar la vida y derechos de la población
4. Garantizar la vigencia del sistema democrático y federal
5. Preservar los recursos naturales y estratégicos

Sobre soberanía, el decreto ordena monitorear amenazas externas, detectar oportunidades para fortalecer la posición internacional del país y proteger el conocimiento nacional.
Respecto de la integridad territorial, propone identificar dinámicas de fragmentación, conflictividad y presencia extranjera en zonas sensibles como fronteras, espacio marítimo y áreas vinculadas a la proyección antártica.

Los diez lineamientos estratégicos

1. Disputa global de poder

Analiza cómo las tensiones geopolíticas afectan a América Latina y a la seguridad nacional, con especial atención a la injerencia de potencias extrarregionales.

2. Superioridad informativa y desinformación

Busca prevenir operaciones que puedan erosionar la cohesión social, condicionar elecciones o afectar la legitimidad institucional.

3. Poder integral de la Nación

Incluye factores económicos, tecnológicos y científicos. Advierte sobre la “captura de talento” por parte de actores extranjeros y la dependencia tecnológica.

4.A y 4.B. Malvinas, Antártida y la competencia en el Atlántico Sur

Los lineamientos sobre soberanía marítima y polar abordan dos áreas críticas:

• Antártida: destaca la presencia argentina ininterrumpida desde 1904, con trece bases activas, y ordena vigilar movimientos de actores con intereses geopolíticos o económicos.
• Atlántico Sur y Malvinas: alerta sobre un “entorno de competencia silenciosa” debido al incremento de actividades científicas, militares y logísticas de potencias extrarregionales. El texto reitera la existencia de una “ocupación ilegítima del territorio nacional” en referencia a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

5. Recursos naturales estratégicos

Incluye litio, gas no convencional, acuíferos, biodiversidad y biomas de alto valor ecológico. Señala presiones de actores estatales y corporativos sobre estos activos.

6. Ciberseguridad

Define al ciberespacio como un escenario central de disputa, donde actores estatales y no estatales pueden ejecutar ataques, operaciones encubiertas y campañas de influencia.

7. Tecnologías de frontera

La inteligencia deberá monitorear desarrollos en inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, considerados áreas sensibles para la seguridad nacional.

8. Terrorismo

El decreto identifica la exposición de Argentina a redes transnacionales vinculadas a Medio Oriente, con actividad en áreas de frontera y circuitos informales.

9. Crimen organizado

Define al crimen organizado como una “estructura de poder paralela” alimentada por fronteras permeables, rutas estratégicas y flujos financieros opacos.

10. Contrainteligencia

Se orienta a proteger al Estado de interferencias, intentos de cooptación, espionaje y vulneraciones en procesos críticos.