El Gobierno de Javier Milei anunció una profunda reestructuración del sistema de subsidios a la energía eléctrica, el gas natural y las garrafas, que comenzará a regir en enero de 2026 y representa uno de los ajustes clave para alcanzar la meta fiscal de reducir el gasto energético al 0,5% del PBI.

El nuevo modelo deja atrás la segmentación actual —considerada compleja y poco eficiente por la Secretaría de Energía— y también elimina los programas Tarifa Social y Hogar. En su reemplazo, se implementarán solo dos categorías: hogares asistidos, que recibirán una ayuda limitada, y hogares sin bonificación, que pagarán el costo pleno del servicio.

Criterios más estrictos y menos beneficiarios

La asistencia estatal será mucho más acotada. Solo podrán acceder los hogares que cumplan con un nuevo límite de ingresos: menos de tres Canastas Básicas Totales (CBT), un umbral más bajo que el utilizado actualmente.

Quienes queden dentro del grupo asistido recibirán una cobertura parcial: el Estado subsidiará solo el 50% del costo de la energía con un tope de hasta 300 kWh mensuales en periodo de mayor demanda, y exclusivamente sobre un bloque de consumo definido como “básico”. Todo consumo que exceda ese bloque se pagará a tarifa plena.

En el caso del gas natural, el beneficio será estacional: la bonificación se aplicará únicamente entre abril y septiembre, coincidiendo con los meses fríos. Durante el resto del año no habrá subsidio.

Mayor carga para los usuarios

La Secretaría de Energía abrió una consulta pública sobre el proyecto, que en la práctica implica trasladar la mayor parte del costo energético al consumidor final. Según las proyecciones oficiales, los usuarios pasarán a pagar en promedio el 76% del costo real de la electricidad y el 79% del costo del gas, porcentajes muy superiores a los actuales.

El nuevo esquema consolida así el final de los subsidios masivos que rigieron durante casi dos décadas, y anticipa un impacto significativo en las facturas de la mayoría de los hogares.