La decisión del Gobierno de eliminar casi mil normas que regulaban la producción y comercialización del vino generó preocupación en la industria vitivinícola, que teme consecuencias para la trazabilidad, el empleo y la seguridad pública.

La resolución 37 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, limita los controles del organismo a la etapa final de comercialización del vino, es decir, cuando el producto ya está listo para llegar a las góndolas.

El cambio forma parte del plan de “modernización del Estado” impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en conjunto con la Secretaría de Agricultura. En total, se derogaron 973 disposiciones. Según el Gobierno, la medida busca simplificar trámites y reducir la burocracia. Sin embargo, desde el sector advierten que puede afectar la trazabilidad del producto y aumentar los riesgos de adulteración o irregularidades laborales.

“Sabíamos que se estaban revisando normas antiguas, pero la forma fue muy apresurada”, señaló José Zuccardi, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA).

“Nuestra principal preocupación es no perder la trazabilidad del vino argentino”, agregó.

Zuccardi reconoció que algunos controles eran obsoletos, pero insistió en que no pueden eliminarse los mecanismos que garantizan el origen y la calidad del producto. Entre los cambios más cuestionados figura la eliminación de la obligatoriedad de las certificaciones de origen y varietal, que pasarán a ser opcionales.

Por su parte, Sturzenegger defendió la desregulación al afirmar que “menos burocracia significa menos oportunidades de corrupción”, y explicó que el control se concentrará en la etapa final del proceso.

El anuncio, sin embargo, reavivó recuerdos de la tragedia de 1993, cuando vinos adulterados con alcohol metílico provocaron la muerte de 29 personas en distintas provincias del país.

En medio de la controversia, el ministro visitará Mendoza este viernes para mantener una reunión con productores y autoridades del INV, donde se espera que detalle los alcances de la resolución y escuche los reclamos del sector.

“El Gobierno está dispuesto al diálogo”, aseguró Zuccardi, quien confía en que habrá correcciones para proteger la industria.

Según el último informe del INV, el sector atraviesa una caída del 13% en las ventas internas y un descenso del 21% en las exportaciones, lo que agrava la preocupación de los productores.

“Estoy seguro de que lo van a revisar”, concluyó uno de los referentes vitivinícolas, en referencia a la medida que mantiene en alerta a todo el sector.