En una medida que marca el cierre de un ciclo, el presidente Javier Milei eliminó Vialidad Nacional y otros organismos vinculados al transporte. Desde el Ejecutivo afirman que se termina una etapa asociada a la corrupción en la obra pública.

En el tramo final del uso de facultades delegadas, el Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Vialidad, la Agencia de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial. La medida fue comunicada en conferencia de prensa desde Casa Rosada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”, declaró Adorni, en alusión a la causa Vialidad que culminó con una condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El cierre de Vialidad se oficializará este martes mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Además, el Ejecutivo confirmó la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, con nuevas competencias orientadas al control de contratos y servicios concesionados.

Adorni remarcó que, a diferencia de administraciones anteriores, el Gobierno no solicitó una prórroga de las facultades delegadas. “Somos una de las pocas gestiones desde 1983 que decide no perpetuar esa herramienta”, indicó.

Según detallaron desde el Gobierno, los 65 decretos dictados bajo ese marco implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales. Entre ellos, se encuentran fusiones y cierres de organismos, eliminación de trabas burocráticas y simplificación de regulaciones.

El cierre de Vialidad simboliza, para el oficialismo, el final de una etapa marcada por el gasto público descontrolado, la corrupción estructural y una lógica de Estado que ahora busca ser reemplazada por un modelo de administración más austero y centrado en la eficiencia.