El Ejecutivo anunció un proceso de revalidación para que los clubes de barrio conserven los subsidios en tarifas de luz y gas. Se eliminarán beneficios a entidades que operen bajo esquemas comerciales o de alto rendimiento.

El Gobierno nacional pondrá en marcha un proceso de revalidación para que los clubes de barrio puedan conservar los subsidios en las tarifas de luz y gas. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien apuntó contra “beneficiarios con capacidad de pago” y cuestionó el uso distorsionado de fondos públicos en las últimas décadas.

“La medida busca sanear el esquema tarifario y terminar con privilegios injustificados que se han sostenido durante años en nombre de los clubes de barrio, pero que en algunos casos beneficiaban a instituciones de elite”, sostuvo Adorni. Según explicó, algunas de esas entidades tenían vínculos con cadenas de gimnasios o desarrollaban actividades de alto rendimiento, lejos del espíritu comunitario.

El nuevo sistema exigirá que cada club complete una declaración jurada en la plataforma TAD (Trámite a Distancia) y justifique su situación para mantener el subsidio. Se aplicará un esquema de evaluación con criterios objetivos de inclusión y exclusión, a fin de garantizar que solo accedan al beneficio quienes realmente lo necesiten.

Desde la administración aclararon que “ningún club que requiera la ayuda perderá el subsidio”. El objetivo es depurar el padrón para evitar abusos y mejorar la asignación de los recursos del Estado. “Durante años, los argentinos financiaron facturas subsidiadas de clubes que estaban lejos de responder a la categoría de ‘clubes de barrio’”, remarcó el funcionario.

La decisión se inscribe dentro de una política más amplia de revisión del sistema de subsidios, que tuvo su primer paso a comienzos de junio con la eliminación de la asistencia estatal a countries y barrios cerrados del AMBA. La medida alcanzó a urbanizaciones como Nordelta, Puerto Madero, Ayres del Pilar y La Martona, todas con alto poder adquisitivo.

Según el Gobierno, en los últimos veinte años se malgastaron más de 150.000 millones de dólares en subsidios mal asignados. El nuevo enfoque busca reordenar las prioridades fiscales sin dejar de asistir a quienes realmente lo necesitan. “No se trata de un ajuste ciego, sino de poner justicia en la asignación de recursos”, concluyeron fuentes oficiales.