La Cámara Federal de Casación Penal validó el fallo dictado en 2022 en el marco del caso Vialidad. Los jueces Borinsky y Barroetaveña destacaron el desvío de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez.

En un fallo histórico, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. La decisión reafirma la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2.

Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña sostuvieron que existió “una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional” al direccionar obras públicas viales a favor de las empresas del empresario Lázaro Báez. En cambio, el juez Gustavo Hornos votó por sumar el delito de asociación ilícita, en línea con el pedido de la fiscalía, aunque no fue acompañado por sus colegas.

El extenso fallo, de más de 1500 páginas, también confirmó las condenas para varios ex funcionarios, entre ellos José López, Nelson Periotti y el propio Báez, con penas de entre 3 y 6 años de prisión. Además, se ratificó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos y se mantuvieron algunas absoluciones, como la del ex ministro Julio De Vido y la del primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

La resolución fue leída en una audiencia pública realizada en Comodoro Py. Cristina Kirchner no estuvo presente: participaba en una actividad junto a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y 400 mujeres. En la puerta de los tribunales, referentes políticos y sociales realizaron una clase pública en su respaldo.

Pese a la contundencia del fallo, la condena aún no está firme. Las partes tienen diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal será quien tenga la última palabra, aunque no hay plazos definidos para su resolución.

Se trata de un pronunciamiento clave en una de las causas más resonantes de los últimos años, con impacto político, judicial y social. La ex mandataria insiste en que se trata de una persecución judicial, mientras que desde el oficialismo destacan la independencia de los tribunales.