El Gobierno nacional anunció este miércoles la modificación del Régimen Migratorio, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, con el objetivo de restaurar el orden, la seguridad y la equidad en el acceso a los recursos del Estado argentino.

La presentación estuvo a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, quien expresó que desde el ejecutivo “queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”.

La modificación del régimen fue redactada por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy y contempla los siguientes puntos:

Rechazo a condenados: Se implementará una política más estricta que permitirá el rechazo de inmigrantes condenados, incluso aquellos con penas menores a tres años. Además, se deportará a todos los que cometan delitos una vez dentro del territorio nacional.

Deportación más ágil: Los procesos de expulsión de inmigrantes infractores serán más rápidos. 

Regulación de servicios públicos: Los inmigrantes ilegales, así como aquellos con residencia transitoria, deberán pagar por los servicios de salud. En 2024, se estima que la atención médica a extranjeros costó más de 114 millones de pesos.

Educación universitaria: Las universidades nacionales podrán establecer aranceles para los inmigrantes si así lo deciden. Sin embargo, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes.

Ciudadanía condicional: Para obtener la ciudadanía argentina, los inmigrantes deberán haber residido ininterrumpidamente durante al menos dos años en el país. Solo aquellos que hayan realizado una inversión significativa en Argentina o que cumplan con requisitos adicionales podrán optar por este derecho.

Fortalecimiento del control migratorio: Las nuevas medidas buscan asegurar que Argentina siga siendo una tierra abierta para quienes buscan construir un futuro, pero dentro de un marco legal claro. Con esto, se busca evitar abusos y garantizar que los recursos del país se destinen principalmente a los ciudadanos argentinos.