La sesión especial convocada para autorizar a la gestión de Isa Castagnino a adherir al nuevo esquema de reestructuración de la deuda en dólares terminó sin quórum. Cinco concejales opositores —Gerardo Bruselario, Alejandro Rees, Luciana Zorzábal, Ignacio Sobrero y Ailén Guerra— no se presentaron, mientras que desde la Presidencia del cuerpo se sostuvo que la convocatoria había sido votada por unanimidad y que los ediles estaban debidamente notificados. El expediente, que resulta clave para las finanzas municipales, quedó nuevamente sin tratamiento.

El episodio expuso una vez más la dificultad política que enfrenta la administración de Castagnino para conseguir los acuerdos necesarios en el Concejo. La intendenta necesita autorización legislativa para adherir al mecanismo de refinanciación impulsado por la Provincia, pero el oficialismo no dispone de mayoría propia. La oposición sostiene que el nuevo esquema no representa beneficios suficientes para las arcas municipales y cuestiona, entre otros aspectos, los costos y condiciones de la operación.

La deuda que hoy vuelve a estar en el centro de la escena tiene su origen en una operatoria provincial impulsada durante la gobernación de Gustavo Bordet. En 2017, la Provincia tomó un crédito internacional de USD 350 millones y luego habilitó USD 48 millones para que municipios entrerrianos pudieran acceder a financiamiento en condiciones similares. Victoria fue uno de ellos, con un préstamo de aproximadamente USD 1,09 millones. Es decir, no se trató de una deuda exclusivamente municipal: formó parte de un esquema de endeudamiento provincial que alcanzó a varias ciudades entrerrianas.

Ahora, la administración Castagnino intenta reestructurar ese pasivo mediante el nuevo mecanismo provincial. La propuesta contempla que el 77,25% de la deuda reestructurada quede alcanzada por nuevos títulos, con una tasa anual del 9,55% y vencimiento en 2033, mientras que el 22,75% restante continuaría bajo las condiciones anteriores. El municipio además debería afrontar gastos y honorarios derivados de la operación. Estos son precisamente algunos de los puntos que la oposición utiliza para cuestionar el proyecto.

El resultado político de la jornada es concreto: Castagnino necesita una mayoría que hoy no tiene y la deuda volvió a convertirse en una prueba para su capacidad de construir acuerdos dentro del Concejo. El proyecto deberá regresar al recinto y allí comenzará otra batalla política: determinar si el Ejecutivo consigue los votos para avanzar con una reestructuración que considera necesaria o si la oposición logra volver a frenarla.