Diez de los once concejales votaron a favor de adherir al esquema provincial que permite reestructurar el remanente del crédito tomado en 2017. Ailén Guerra fue la única que rechazó la iniciativa y cuestionó que el compromiso financiero vuelva a trasladarse hacia futuras administraciones. El debate también dejó expuestas diferencias políticas dentro del peronismo.

El Concejo Deliberante de Victoria aprobó este jueves la adhesión del Municipio al proceso voluntario de reestructuración de pasivos previsto por la Provincia. La decisión permite a la gestión de Isa Castagnino avanzar sobre el remanente del crédito en dólares originado en 2017 y posteriormente reestructurado en 2021. La operatoria se encuadra en la Ley 10.480 y el Decreto 1483/26, normas que forman parte de un esquema provincial para reordenar las deudas existentes.

La votación terminó con 10 votos afirmativos y uno negativo. La concejal Ailén Guerra fue la única que rechazó la propuesta y centró su posición en el efecto que tendrán los nuevos plazos sobre las administraciones que deberán asumir después de la actual. El planteo instala una discusión política que excede a Castagnino: una deuda tomada en 2017, reestructurada en 2021 y nuevamente modificada ahora vuelve a comprometer recursos municipales durante los próximos años.

El dato político más significativo aparece también en las posiciones que distintos dirigentes mantuvieron a nivel provincial. En 2025, cuando se debatió la Ley 11.209 que habilitó el marco provincial para la reestructuración de la deuda, el senador por Victoria Víctor Sanzberro votó en contra y cuestionó la falta de información sobre tasas, vencimientos, plazos y condiciones. La ley terminó aprobándose por 12 votos a 5 en el Senado.  Ahora, el mismo mecanismo es utilizado por el Municipio de Victoria para buscar una salida al pasivo local.

Desde el vecinalismo, Luciana Zorzábal defendió el acompañamiento y planteó una comparación política con la posición del peronismo frente a la anterior reestructuración. Su argumento fue que el crédito fue tomado por una administración anterior para financiar obras y adquirir maquinaria y que, frente a una obligación que la Municipalidad debe afrontar independientemente de quién gobierne, decidió acompañar la alternativa propuesta. La discusión, de esta manera, dejó de ser solamente financiera y volvió a convertirse en una disputa sobre coherencia política y responsabilidades entre gestiones.

La aprobación no elimina la deuda ni supone una condonación: modifica su esquema de pago y permite trasladar parte de los vencimientos hacia los próximos años. La Provincia sostiene que el mecanismo busca mejorar el perfil de vencimientos, mientras que quienes cuestionan la operación ponen el foco en el costo y en el compromiso que quedará para futuras administraciones. Con la ordenanza aprobada, ahora el Ejecutivo deberá completar la información requerida para avanzar con la operatoria. La pregunta política queda abierta: ¿la reestructuración le da aire financiero a Victoria o simplemente vuelve a postergar una deuda que otra gestión tendrá que terminar de pagar?