La concejal Betina Zabala cuestionó la información recibida del Ejecutivo sobre el Carnaval 2026 y, junto a los concejales Alejandro Rees, Luciana Zorzábal, Gerardo Bruselario y Javier Sobrero., impulsó una ordenanza para obligar al Municipio a publicar ingresos, gastos, contratos y deudas dentro de los 20 días hábiles posteriores a cada edición. El reclamo vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en la fiesta más convocante de Victoria.

La pregunta parece sencilla, pero en Victoria todavía no tiene una respuesta clara: ¿cuánto le costó al Municipio el Carnaval 2026? El interrogante volvió al centro de la discusión política después de que el Departamento Ejecutivo remitiera al Concejo Deliberante su contestación al Pedido de Informes Nº 003/26, referido al proceso de contratación, financiamiento y resultados de la edición “Guido Anghilante”. El tema forma parte de la agenda legislativa de este jueves 3 de septiembre.

La concejal Betina Zabala fue contundente al explicar el motivo del nuevo proyecto: “son ambiguas y escasas y no terminan de responder todo lo que se ha consultado”, sostuvo. Según la edil, faltan datos y cifras, mientras que parte de la documentación remitida deriva al Concejo hacia expedientes que, afirma, ni siquiera fueron puestos a disposición. Zabala también remarcó que este sería, según su planteo, el tercer año en que solicitan información sobre los carnavales y que los informes terminan llegando varios meses después.

El reclamo adquiere mayor peso porque no se trata de una discusión nueva. El propio archivo oficial del Concejo registra un Pedido de Informes de 2023 sobre los ingresos y egresos realizados en la organización del Carnaval de ese año.  Para 2026, además, desde la organización se había informado que el sector privado realizaría una inversión de $150 millones en premios y una inversión similar en infraestructura, mientras que el Municipio asumiría principalmente aspectos vinculados con la organización artística y la limpieza. Pero una cosa es conocer los componentes anunciados de la organización y otra muy distinta es contar con el balance final y consolidado de cuánto dinero público se destinó efectivamente al evento.

Por eso, la oposición pretende modificar la lógica actual: que la información no aparezca solamente después de que un concejal la solicite, sino que la rendición sea una obligación automática. El proyecto propone que, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la última noche, el Ejecutivo publique ingresos, gastos, contratos y eventuales deudas pendientes. La iniciativa parte de una premisa política difícil de discutir: si el Carnaval también involucra recursos y estructura municipal, los vecinos tienen derecho a conocer el resultado económico de la fiesta.

El punto de fondo excede al Carnaval. La propia página institucional del Concejo define entre sus funciones esenciales el control de las tareas administrativas del Departamento Ejecutivo Municipal.  Y allí aparece el interrogante que atraviesa esta discusión: ¿por qué los números de una fiesta que pertenece a todos los victorienses deberían depender de un pedido de informes para ser conocidos? Si la gestión municipal habla de transparencia y administración responsable, el desafío político ahora es mucho más concreto: poner los números sobre la mesa, completos, claros y en tiempo.