El Municipio sorteó 39 lotes en el Quinto Cuartel, pero el lugar tiene un antecedente que merece explicaciones: en 2016, un estudio difundido por CONICET advertía sobre un alto riesgo hídrico en terrenos donde se proyectaban 50 viviendas. Diez años después, esos terrenos vuelven a estar en el centro de una política habitacional.

La pregunta política es concreta: ¿qué cambió entre una situación y otra?

En 2016, el Municipio de Victoria proyectaba construir 50 viviendas en un terreno ubicado en la zona de Néstor Kirchner y Prefectura Naval Argentina, en el Quinto Cuartel. La iniciativa generó cuestionamientos de vecinos y, según información publicada entonces por UNO Entre Ríos, un estudio del CONICET advertía sobre un alto riesgo hídrico: el terreno se encontraba por debajo de la cota de 15 metros sobre el nivel del mar y en un sector vinculado a uno de los principales desagües naturales de la ciudad.

El diagnóstico difundido en aquel momento planteaba serios reparos para desarrollar allí un proyecto habitacional.

El cuestionamiento tampoco quedó reducido a una discusión política. Vecinos señalaban dificultades de circulación durante las lluvias y sostenían que el IAPV había considerado que la construcción no podía avanzar sin importantes obras de adecuación del terreno.

Es decir, hace una década existían objeciones vinculadas directamente con las condiciones del lugar para levantar viviendas. No se discutía solamente quién gobernaba: se discutía si el terreno reunía las condiciones necesarias para ser destinado a viviendas.

Diez años después

El escenario actual es diferente. El Municipio avanzó con un loteo y este lunes sorteó 39 lotes para familias victorienses.

El procedimiento establece un orden de prelación y no implica todavía la adjudicación definitiva: los beneficiarios deberán atravesar una evaluación de Trabajo Social y sus expedientes deberán ser aprobados posteriormente por el Concejo Deliberante.

Y hay algo que merece ser reconocido: Victoria tiene una necesidad habitacional concreta.

Hay muchísimas familias que necesitan acceder a tierra municipal para poder construir su vivienda. Que el Municipio haya abierto esa posibilidad y que cientos de victorienses hayan participado de una instancia pública hace visible una demanda social que durante años estuvo presente y que ya no puede seguir postergándose.

Detrás de cada número hay una familia, un proyecto de vida, personas que quizás llevan años intentando acceder a un terreno propio.

Precisamente por eso, la discusión sobre la transparencia también resulta indispensable.

La transparencia, ¿para todos?

Mientras un grupo importante de vecinos participa de un sorteo público, cumple requisitos, queda sujeto a un orden de prelación y posteriormente debe atravesar evaluaciones, existen antecedentes de lotes municipales que fueron entregados de manera discrecional, sin atravesar una instancia de sorteo público.

Y ahí aparece otra pregunta que la política local debería responder:

¿La transparencia es para todos o solamente para algunos?

Si la tierra municipal es un recurso público y escaso, el criterio para acceder a ella debería ser claro, público y equitativo.

No parece razonable pedirle a una familia que atraviese todo un procedimiento de selección mientras otras personas pueden acceder a un lote mediante decisiones tomadas por fuera de ese mecanismo.

Por eso, hay dos discusiones que deben darse al mismo tiempo.

Una es técnica: ¿qué ocurrió con el riesgo hídrico señalado en 2016? ¿Se realizaron obras de saneamiento, elevación o adecuación? ¿Se modificaron las condiciones del terreno? ¿Se hicieron nuevos estudios? ¿Qué organismo determinó que el sector resulta actualmente apto para viviendas? ¿Dónde están esos informes y expedientes?

La otra discusión es institucional: ¿cómo se decide quién accede a la tierra municipal y ese criterio se aplica de la misma manera para todos?

La Ponderosa, otro antecedente bajo la lupa

La Ponderosa también suma un antecedente político a la discusión sobre la tierra municipal. Desde 2021, el predio fue objeto de cuestionamientos en el Concejo Deliberante por su ordenamiento, ocupación y subdivisión. En 2022 se analizaron además los terrenos vinculados a un comodato con la Policía de Entre Ríos, mientras que en 2023 surgieron reclamos vecinales por adjudicaciones y problemas de mensura.

El antecedente vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿bajo qué reglas administra el Municipio la tierra pública y decide quién puede acceder a ella?

Sin equiparar ambos casos, el punto en común es la necesidad de reglas claras, documentación, controles y transparencia. Una política que debería sostenerse más allá del barrio, del momento político o de quién gobierne.

Reconocer la necesidad de las familias no significa dejar de hacer preguntas. Al contrario: cuanto más importante es una política habitacional, mayor debe ser la transparencia que la acompaña.

El acceso a la tierra es una necesidad urgente de muchas familias de Victoria. Y justamente por eso, no debería depender de la discrecionalidad ni de la cercanía política.

Entre el terreno cuestionado de 2016 y los 39 lotes sorteados en 2026 hay una década de decisiones políticas, administrativas y técnicas.

Si las condiciones cambiaron, quienes tomaron esas decisiones deberían poder explicarlas y documentarlas. Y si existen estudios que garantizan la aptitud actual del lugar, hacerlos públicos no debería representar un problema.

La verdadera discusión política no es quién recibió un lote.

Es saber qué cambió en el Quinto Cuartel y por qué hoy aquello que generaba reparos puede convertirse en suelo destinado a viviendas.

Y también algo más: si hablamos de transparencia, que sea una regla general y no una excepción.