La resolución del Juzgado de Familia que dispuso la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento y otras medidas preventivas contra el actual Juez de Faltas de Victoria, Alfonso Martín Azpeitía, abrió un fuerte debate sobre la respuesta institucional del Ejecutivo municipal. Mientras el funcionario conserva plenamente su derecho de defensa, crecen los cuestionamientos políticos y, según pudo saber este medio, algunos integrantes del Concejo Deliberante evaluarían solicitar explicaciones a la intendenta Isa Castagnino por la continuidad del funcionario en un cargo de relevancia pública.

La resolución judicial volvió a instalar en la agenda pública un debate que trasciende el proceso judicial y se traslada al plano institucional.

En el marco de una causa por presunta violencia familiar, el Juzgado interviniente dispuso medidas preventivas previstas por la legislación provincial, entre ellas la exclusión del hogar del denunciado por un plazo determinado, la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la persona denunciante, además de otras medidas de protección y la intervención de los equipos técnicos especializados.

La resolución también garantiza al funcionario denunciado el derecho a ejercer su descargo con asistencia letrada dentro de los plazos legales. Cabe señalar que estas medidas tienen carácter cautelar y preventivo, por lo que no constituyen una sentencia ni implican una declaración de culpabilidad.

Sin embargo, el impacto político del caso comenzó a crecer en las últimas horas.

La discusión adquiere además una dimensión institucional adicional si se considera que el Concejo Deliberante prorrogó recientemente, mediante la Ordenanza N.º 4.404/26, el Estado de Emergencia en Violencia de Género en el ámbito de la Municipalidad de Victoria, al entender que las situaciones de violencia continúan presentándose de manera real, actual y sostenida, requiriendo respuestas estatales inmediatas, coordinadas, interdisciplinarias y eficaces. La norma también destaca la necesidad de sostener y profundizar políticas públicas preventivas y fortalecer los mecanismos de protección frente a la violencia por motivos de género.

En ese contexto, distintas voces locales sostienen que la discusión ya no pasa únicamente por la investigación judicial, sino también por la responsabilidad institucional que implica que un funcionario de máxima jerarquía continúe desempeñando funciones mientras pesa sobre él una medida judicial de estas características.

Diversas expresiones públicas cuestionaron la ausencia de pronunciamientos oficiales del Ejecutivo municipal y de organismos que históricamente se manifestaron frente a situaciones vinculadas con la violencia de género.

De acuerdo con información recogida por este medio, integrantes del cuerpo legislativo local evaluarían impulsar pedidos de informes o solicitar explicaciones a la intendenta Isa Castagnino respecto de la situación administrativa del Juez de Faltas y de los criterios que aplicará el Departamento Ejecutivo frente a un caso que involucra a uno de sus principales funcionarios. Hasta el momento, esa posibilidad permanece en análisis y no ha sido formalizada.

Especialistas en Derecho consultados por este medio recuerdan que las medidas cautelares tienen como finalidad proteger a la persona denunciante mientras avanza el proceso judicial y no implican una condena. Al mismo tiempo, sostienen que ello no impide que los organismos públicos evalúen eventuales decisiones administrativas orientadas a preservar la institucionalidad y la confianza ciudadana, siempre respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.

El caso plantea un interrogante que excede la situación judicial particular: cómo debe actuar el Estado cuando uno de sus principales funcionarios queda alcanzado por medidas preventivas en una causa de presunta violencia familiar. En una ciudad donde se encuentra vigente una Emergencia en Violencia de Género prorrogada por ordenanza, la expectativa pública también se concentra en conocer si el Ejecutivo municipal fijará una posición oficial y si el Concejo Deliberante decidirá intervenir institucionalmente ante un caso que ya genera repercusiones dentro y fuera del ámbito político local.