La licencia sin goce de haberes por 30 días del juez de Faltas interino Alfonso Azpeitía, luego de conocerse una denuncia por violencia familiar y medidas judiciales de protección, abrió un fuerte debate político en Victoria. Exconcejales, dirigentes de distintos espacios y organizaciones sociales coincidieron en reclamar respuestas institucionales, aunque desde miradas diferentes. El episodio también reavivó la discusión sobre la forma en que fue designado el magistrado y la necesidad de establecer concursos públicos para ocupar un cargo de semejante responsabilidad.

La decisión del Ejecutivo municipal de acordar una licencia sin goce de haberes por 30 días con el juez de Faltas interino Alfonso Azpeitía, mientras avanza una causa judicial iniciada a partir de una denuncia presentada por su pareja y que derivó en medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Familia, generó un inmediato impacto político en Victoria.

Aunque desde el Municipio se explicó que la licencia busca permitir que la Justicia avance sin afectar el funcionamiento del Juzgado de Faltas —que continuará bajo la responsabilidad del secretario—, el caso trascendió rápidamente el plano judicial y abrió un intenso debate sobre la responsabilidad política e institucional.

Una de las primeras voces en expresarse fue la de Carla Almada, exconcejal del bloque justicialista y actual referente de Somos Victoria, quien recordó que durante su mandato el peronismo reclamó el apartamiento de funcionarios involucrados en hechos de violencia.

"Las instituciones debían dar un mensaje ejemplar", sostuvo, para luego cuestionar que quienes antes exigían renuncias hoy, según su mirada, mantengan una postura distinta cuando el funcionario pertenece al oficialismo. "La defensa de los derechos de las mujeres no puede depender de la conveniencia política", expresó.

A esa posición se sumó la concejal Ailén Guerra, del bloque Somos Victoria, quien cuestionó la diferencia de criterios frente a situaciones similares ocurridas en otras gestiones. "Si hay violencia, no puede haber silencio", sostuvo la edil, al considerar que si anteriormente el Municipio entendió que correspondía adoptar medidas institucionales frente a denuncias por violencia de género que involucraban a trabajadores municipales, "es legítimo preguntarse por qué hoy no existe una respuesta cuando quien está involucrado es un funcionario de máxima jerarquía". Guerra aclaró que su planteo no implica reemplazar el accionar de la Justicia ni desconocer el debido proceso, sino reclamar que "los mismos principios y los mismos criterios se apliquen para todos", independientemente del cargo que ocupe la persona involucrada. Para la concejal, si aquellas decisiones representaban un compromiso institucional con la prevención de la violencia y la preservación de la confianza pública, ese compromiso "debe mantenerse con la misma firmeza y sin distinciones políticas".

En el mismo sentido se manifestó la exconcejal justicialista Carolina Delgado, quien afirmó que "la violencia no debería tener color político" y recordó las movilizaciones realizadas años atrás cuando otros funcionarios municipales fueron denunciados por situaciones similares. Para Delgado, "la coherencia también es una forma de cuidar".

Desde otra mirada política, el concejal Alejandro Rees, del bloque Progreso Cívico Vecinal, evitó ingresar en valoraciones personales sobre la causa judicial y puso el eje en el funcionamiento de las instituciones.

Rees recordó que Victoria mantiene vigente la Emergencia en Violencia de Género y sostuvo que el Estado debe actuar con responsabilidad para preservar la confianza pública. Además, volvió a plantear una propuesta presentada en 2024 para que el cargo de juez de Faltas sea cubierto mediante concurso público de antecedentes y oposición, entendiendo que ese mecanismo fortalecería la transparencia, la independencia y la legitimidad institucional.

El edil también pidió prudencia en el tratamiento del caso, especialmente en redes sociales, recordando que existen familias e hijos involucrados y que corresponde respetar tanto el debido proceso como el principio de inocencia.

El pronunciamiento más contundente llegó desde el Grupo de Mujeres y Disidencias, que emitió un comunicado expresando su "más profundo repudio" frente a los hechos de público conocimiento y reclamó una investigación seria, transparente y con perspectiva de género, reiterando la consigna "No hay lugar para la violencia machista en las instituciones".

A ese posicionamiento también se sumó el PRO Victoria, que difundió en sus redes sociales una campaña con el mensaje: "La violencia no tiene lugar. En ningún ámbito. En ninguna forma", acompañada por la difusión de la Línea 144 para la asistencia a víctimas.

Más allá de las repercusiones, el caso vuelve a poner bajo análisis la propia designación de Azpeitía. Su nombramiento definitivo había sido cuestionado en el Concejo Deliberante por la ausencia de un procedimiento competitivo que garantizara la idoneidad prevista en la legislación provincial. Al no reunir los votos necesarios, finalmente quedó al frente del Juzgado de Faltas de manera interina por decisión del Ejecutivo municipal.

Ese antecedente adquiere hoy una nueva dimensión política. Si la investigación judicial continúa más allá de los 30 días de licencia —como habitualmente ocurre en este tipo de procesos—, el Gobierno municipal deberá definir si mantiene la actual situación transitoria, prolonga el apartamiento o impulsa una nueva designación.

La discusión, además, adquiere un peso institucional adicional porque el Concejo Deliberante prorrogó recientemente la Emergencia en Violencia de Género en el ámbito municipal, reconociendo que estas situaciones requieren respuestas estatales rápidas, coordinadas y eficaces. En ese contexto, el caso dejó de ser solamente un expediente judicial para transformarse en una prueba sobre la coherencia con la que la política aplica los mismos criterios, independientemente de quién ocupe el cargo.