El Senado de la Nación debatirá este jueves el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el oficialismo que propone una profunda reforma del régimen de tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. La sesión también incluirá el tratamiento de 36 pliegos judiciales.

Uno de los aspectos que concentra mayor atención es la propuesta de eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. La legislación actual establece que esos propietarios no pueden superar el 15% de la superficie rural del país, mientras que el nuevo proyecto deroga esa restricción y habilita operaciones sin ese tope.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca fortalecer el derecho a la propiedad privada, brindar mayor seguridad jurídica y fomentar inversiones productivas. En cambio, bloques opositores y organizaciones sociales y ambientales advierten que la modificación podría facilitar la extranjerización de tierras consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o su ubicación en zonas de frontera.

El proyecto también introduce cambios en el régimen de expropiaciones. Entre otras modificaciones, restringe el concepto de utilidad pública y establece nuevas condiciones para las compensaciones económicas, lo que, según sus impulsores, busca otorgar mayores garantías a los propietarios. Para la oposición, en cambio, esas reformas podrían dificultar futuras intervenciones del Estado sobre activos considerados estratégicos.

Otro de los puntos contemplados modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que actualmente impiden cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios. Mientras el oficialismo argumenta que la medida elimina trabas burocráticas para el desarrollo de inversiones, sectores ambientalistas sostienen que podría incentivar especulaciones inmobiliarias sobre superficies incendiadas.

Además, la iniciativa incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los procesos de desalojo antes de la existencia de una sentencia firme, una disposición que también genera posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.

Desde Unión por la Patria adelantaron que intentarán bloquear el avance del proyecto, al considerar que compromete la soberanía sobre los recursos naturales y favorece la concentración de tierras en manos de capitales extranjeros. Por su parte, el oficialismo confía en reunir el respaldo de bloques provinciales y dialoguistas para avanzar con la aprobación de la iniciativa.

También se tratarán 36 pliegos judiciales

La sesión incluirá además el análisis de 36 pliegos para cargos judiciales. Entre ellos figura el del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien requiere un nuevo acuerdo del Senado para continuar cinco años más en funciones tras alcanzar el límite constitucional de 75 años.

Pesino tomó relevancia pública luego de integrar el tribunal que revocó la medida cautelar que suspendía parcialmente la reforma laboral impulsada por el Gobierno.