La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja presentada por el Gobierno de Javier Milei en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones contra el Estado nacional por el Decreto 759/25.

En una resolución firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal concluyó que el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, requisito exigido por el artículo 14 de la Ley 48 para su tratamiento.

Como consecuencia, quedó firme la medida cautelar dictada por instancias inferiores, que mantiene vigente la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios, además de la recomposición de las becas estudiantiles prevista en la Ley de Financiamiento Universitario.

Sin impacto económico inmediato

Si bien la resolución representa un revés judicial para el Gobierno, su impacto económico inmediato es limitado.

El pasado 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta mediante la cual se comprometió a transferir fondos para incrementar en un 24,33% la masa salarial de las universidades nacionales, aumentar un 20% las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y ampliar hasta 50.000 millones de pesos los recursos asignados a los hospitales universitarios.

No obstante, distintos sectores universitarios sostienen que la cautelar mantiene vigente la obligación de recomponer los salarios desde diciembre de 2023, por lo que consideran que aún resta recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

También deberán actualizarse las becas

Otro de los puntos alcanzados por la resolución judicial es la continuidad del financiamiento destinado a las becas para estudiantes universitarios.

Según señalaron desde distintos sectores académicos y gremiales, la decisión obliga al Estado nacional a garantizar las partidas previstas en la ley para sostener esos programas de asistencia.

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, afirmó que, aun considerando el último acuerdo paritario, "todavía falta alrededor de un 30% de aumento" para alcanzar la recomposición salarial contemplada en la normativa.

Celebración en las universidades

La decisión fue recibida con satisfacción por autoridades universitarias y representantes del sistema público de educación superior.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, celebró el fallo a través de sus redes sociales y expresó: "Luchar por lo correcto siempre vale la pena".

En la misma línea se manifestó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, quien destacó la importancia de la resolución y recordó los cuestionamientos recibidos durante el conflicto por el financiamiento universitario.

"Cuando uno cree en algo, lo defiende. No fue fácil atravesar estos años de hostigamiento permanente", expresó en declaraciones radiales.

La posición política

Desde la Unión Cívica Radical (UCR) también respaldaron la decisión de la Corte Suprema y sostuvieron que "se terminaron las excusas" para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

"La Justicia volvió a darle la razón a la universidad pública y a la sociedad que salió a defenderla. El Estado nacional debe acatar la ley", señalaron desde el partido.

Con este fallo, la Corte dejó firme, al menos en esta instancia, la protección judicial sobre los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a la actualización salarial del personal docente y no docente y al sostenimiento de las becas estudiantiles, en uno de los principales conflictos entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público.