Las concejales opositoras Betina Zabala y Luciana Zorzábal cuestionaron con dureza la participación de la profesora Graciela Yolanda Bar en expedientes municipales sin una designación formal clara. Además, remarcaron que su incorporación al ámbito del Ejecutivo se produjo a través de una resolución impulsada por su nuera, la secretaria de Gobierno Lucina Menescardi.

La última sesión del Concejo Deliberante de Victoria volvió a encender la polémica política en torno al rol de la profesora Graciela Yolanda Bar dentro del Municipio, luego de que concejales de la oposición impulsaran una ampliación del pedido de informes para conocer el alcance real de sus intervenciones en distintas áreas de la administración pública.

Uno de los puntos que más cuestionamientos generó fue que la designación de Bar surgió mediante una resolución promovida por su nuera, la secretaria de Gobierno Lucina Menescardi, situación que para la oposición profundiza las sospechas sobre la falta de transparencia y los mecanismos utilizados dentro del Ejecutivo municipal.

La concejal Betina Zabala sostuvo que la respuesta enviada por el Ejecutivo “deja más dudas que certezas” y cuestionó que durante 18 meses no se conociera públicamente la resolución que habilitó la participación de Bar en expedientes vinculados a ambiente, arrendamientos, venta de terrenos municipales, vivienda, convenios y actualización de ordenanzas, entre otros temas sensibles.

“En la administración pública lo que no está escrito no existe, y lo que no existe no se puede controlar”, expresó Zabala durante la sesión, remarcando que no existirían registros administrativos claros que permitan verificar cómo se desarrollaron esas actuaciones, qué funciones concretas cumplía y bajo qué responsabilidades intervenía.

La edil también lanzó fuertes interrogantes políticos sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo local. “¿Cuántas resoluciones más de este tipo hay? ¿Cuánta gente más está revisando expedientes de los vecinos y no lo sabemos?”, planteó, insinuando que podrían existir otros colaboradores con acceso a documentación pública sin mecanismos transparentes de control.

Por su parte, la concejal Luciana Zorzábal calificó la situación como “muy preocupante” y advirtió sobre la “desprotección” en la que quedarían los empleados municipales que sí poseen responsabilidades administrativas y legales.

“Estamos frente a una persona que no tiene responsabilidades formales pero interviene en expedientes y decisiones internas. Eso deja expuestos a los trabajadores municipales que sí deben responder por la documentación y los procedimientos”, señaló Zorzábal, quien incluso habló de una “pseudo funcionaria” para describir el rol que, según afirmó, habría ejercido Bar dentro de la estructura política local.