El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco sobre el sistema tributario argentino y recomendó avanzar hacia una ampliación del universo de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, en el marco de las discusiones vinculadas al equilibrio fiscal y el programa económico acordado con el Gobierno nacional.

Según trascendió en un informe técnico del organismo, el FMI considera que Argentina cuenta con una base “demasiado reducida” de contribuyentes en relación con otros países de la región y sostiene que ampliar la cantidad de asalariados que tributan permitiría fortalecer la recaudación y consolidar las metas fiscales.

En ese sentido, el organismo internacional sugirió revisar exenciones, deducciones y mínimos no imponibles vigentes. El objetivo sería incrementar los ingresos tributarios en un contexto marcado por el ajuste del gasto público y las exigencias de equilibrio fiscal impulsadas por la administración de Javier Milei.

La propuesta generó rápidamente reacciones en distintos sectores sindicales y políticos. Desde gremios y organizaciones de trabajadores cuestionaron la posibilidad de volver a ampliar el alcance del impuesto sobre los salarios y advirtieron que la medida implicaría “castigar el trabajo formal” en medio de una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Por el contrario, economistas alineados con la política de ajuste sostienen que Argentina necesita ampliar su base tributaria para ordenar las cuentas públicas y reducir el déficit sin depender exclusivamente de recortes del gasto estatal.

Actualmente, tras los cambios aplicados en 2023 y posteriores modificaciones tributarias, una parte importante de los trabajadores quedó excluida del pago de Ganancias. Hoy, un trabajador soltero sin hijos comienza a tributar con ingresos cercanos a los 2,3 millones de pesos brutos mensuales, mientras que en el caso de empleados casados con hijos el piso puede ubicarse alrededor de los 3 millones de pesos o más, dependiendo de las deducciones declaradas.

La llamada base imponible se calcula luego de descontar aportes jubilatorios, obra social y deducciones personales como hijos, cónyuge, alquiler, medicina prepaga o servicio doméstico. Sobre ese monto final se aplica una escala progresiva de alícuotas que va del 5% al 35%.

El planteo del FMI reabre así uno de los debates más sensibles de la economía argentina: quiénes deben sostener la carga tributaria en un contexto de inflación, caída del consumo y creciente presión sobre los ingresos formales.