En una sesión extensa y marcada por el enfrentamiento entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, consolidando así un nuevo avance legislativo del Gobierno.
El debate comenzó con el quórum justo y se extendió durante más de 11 horas, con exposiciones cruzadas y posturas enfrentadas respecto al impacto ambiental y productivo de la iniciativa. La propuesta ya contaba con media sanción del Senado.
El oficialismo logró reunir los apoyos necesarios gracias al acompañamiento de bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y otros espacios provinciales, lo que permitió avanzar con una de las reformas más discutidas en materia ambiental.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la redefinición de las áreas protegidas. La nueva normativa establece una diferenciación dentro de las zonas periglaciares para identificar aquellas que cumplen un rol clave como reservas hídricas. Bajo este criterio, los sectores que no sean considerados estratégicos podrían habilitarse para actividades económicas, como la minería.
Además, la reforma otorga mayor poder a las provincias, que pasarán a tener la facultad de determinar qué áreas deben ser protegidas según sus propios criterios.
Mientras dentro del recinto se discutían los aspectos técnicos, en las afueras del Congreso se realizaron protestas impulsadas por organizaciones ambientales y sectores de izquierda, que advirtieron sobre posibles riesgos para los recursos naturales.
Con esta aprobación, el Gobierno avanza en su intención de impulsar el desarrollo productivo en regiones cordilleranas, aunque la medida sigue generando fuertes cuestionamientos por su posible impacto en el equilibrio ambiental y en las reservas de agua.
